los derechos de los pueblos originarios como el acceso al autogobierno y el presupuesto directo.
Comentó que en este proceso las universidades forman parte fundamental para el desarrollo social de las comunidades, por lo que celebró la conclusión de este documento coordinado por Orlando Aragón, Luis Alejandro Pérez y Diana Tamara Martínez, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.
Agregó que incluir en el marco jurídico las voces de las comunidades indígenas permite reconocer sus derechos y cosmovisión, necesarios para construir nuevas rutas para su desarrollo.
Además, presumió los avances en materia de autogobierno en Michoacán, donde 42 comunidades indígenas ya se rigen por usos y costumbres y determinación de recursos propios, así como la reforma a la Constitución con el reconocimiento a 22 derechos indígenas.