Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2025.- Por primera vez en su historia, el Congreso del Estado de Michoacán instaló formalmente el Comité para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, un órgano institucional que nace con un mandato claro: erradicar toda forma de violencia dentro del recinto legislativo.
Durante el acto de instalación, la presidenta del Congreso, Giulianna Bugarini Torres, aseguró que este comité no es un gesto simbólico ni una simulación institucional, sino una declaración política firme frente a una realidad que por años ha sido negada o silenciada.
“Aquí no vamos a tolerar el silencio, la impunidad ni el abuso de poder disfrazado de jerarquía o tradición. La violencia de género también habita en los pasillos del poder, y no basta con legislarla: hay que enfrentarla desde adentro”, sentenció.
Dicho esfuerzo interinstitucional está conformado por: la Contralora Interna del Congreso, Brenda Fabiola Fraga; Josué Alfonso Mejía, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Rogelio Andrade, secretario general del STASPLE; Marco Antonio Bravo, titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán; y las diputadas Melba Albavera y Brissa Arroyo, presidenta e integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, respectivamente.
El Comité, que forma parte de la estructura de la Contraloría Interna del Congreso, contará con una Unidad de Acompañamiento, cuya función será brindar atención integral a víctimas de hostigamiento o acoso sexual, además de guiarlas en sus procesos legales y psicológicos, y garantizar su acceso a la justicia sin revictimización.
“Actuar con perspectiva de género no es una moda ni un favor, es una herramienta indispensable para desmontar estructuras de impunidad. Este Comité debe ser un espacio seguro para las víctimas, e incómodo para quienes han abusado del poder”, expresó Bugarini.
La instalación del Comité contempla mesas de trabajo con instituciones especializadas, así como la elaboración de un Plan Anual de Prevención y Atención, encuestas internas, actividades de sensibilización, y un protocolo aprobado que ya ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado.